Controvertido si los hay, el sistema de registros del automotor es un elemento recaudatorio directamente relacionado con la política. Porque en una transversalidad que trasciende administraciones, está claro que la designación de autoridades de cada registro está vinculada con padrinazgos políticos relacionados con el poder

Es lo que surge de un informe publicado en el portal Infobae, donde se advierte que el 50% de los mismos se encuentran intervenidos. Puntualmente, solo un 52% de los mismos está en manos de encargados titulares.

El periodista Nicolás Pizzi, autor de la nota, advierte sobre un plan sistemático detectado por la Justicia para sacar a los interventores elegidos por el gobierno anterior, a través de auditorías.

Los datos fueron suministrados a ese medio por la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRP). Los detalles de cada registro, discriminados por ubicación y categoría, aparecen en otro informe de 18 páginas obtenido por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López mediante un pedido de acceso a la información.

Precisamente López se hizo eco de este artículo este lunes a través de su cuenta de Twitter, donde advirtió que “el sistema de registros del automotor no resiste ningún análisis de eficiencia y transparencia de los recursos públicos, es muy caro para los consumidores”, y sostuvo que “con este nivel de intervención se consolida la idea de que hay eliminarlos e ir a un sistema más simple y accesible para todos los que adquieran a un automotor”.

“Los favores políticos se tienen que terminar y este es uno de los ejemplos por los que empezamos a trabajar”, remarcó el presidente del bloque CC en la Cámara baja.

No es nueva la preocupación de este legislador sobre este tema. Ya el 3 de noviembre del año pasado había presentado un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con las delegaciones seccionales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Ese pedido fue acompañado por los diputados de su bloque, y se sumó también la diputada del Pro Silvia Lospenatto.

En el proyecto se advierte que la registración de los automotores no está gestionada en su totalidad por el Estado nacional, sino que, por el contrario, parte de dicha función ha sido delegada en los encargados de Registro; es decir, en aquellas personas que son titulares de las Delegaciones Seccionales. “En efecto, el dinero que abonan los particulares en concepto de aranceles a la hora de registrar un automotor no es íntegramente percibido por el Estado Nacional puesto que parte de dicho dinero —el remanente de los importes y tasas percibidas por los Registros Seccionales— queda en manos de los encargados de Registro. En otras palabras: hay una suerte de ‘tercerización’ del funcionamiento de los Registros Seccionales”.

“Esta situación, a nuestro entender, evidencia una anomalía en el funcionamiento del Estado y de las instituciones que no solo genera privilegios indebidos, sino que, además, encarece la registración de los automotores en perjuicio de los ciudadanos”, resume el proyecto de resolución, donde se enfatiza que “dicha función debe ser ejercida íntegramente por el Estado —sin que exista ningún tipo de intermediación por parte de los particulares—, es decir, por órganos de la Administración Pública a cargo, naturalmente, de empleados públicos, tal como ocurre con los Registros de la Propiedad Inmueble de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”. “Insistimos: la actividad de registración de los bienes, ya sean muebles registrables o inmuebles, es una función indelegable del Estado”, remarca el pedido de informes.